¿Qué es
la transparencia?
Transparencia es
poner a disposición de los ciudadanos información pública generada por la Administración; facilitando, a través de su publicación activa, el acceso a aquella información que de alguna manera está vinculada, concierne o interesa al ciudadano.
El principal objetivo de la transparencia debe ser establecer una relación de confianza, garantía y sinceridad entre gobierno y sociedad; de tal forma que el conocimiento de las actuaciones, reglas, normas y responsabilidades del sector público a través de la información dada, conduzcan a una ciudadanía que participa y colabora en el fomento de la integridad y la transparencia de los procesos públicos.
Dado el carácter óptimo como mecanismo de control de la gestión y utilización de los recursos públicos de la transparencia, la información que se publica debe ser accesible, entendible y acorde con los intereses de la ciudadanía y de la sociedad.
La transparencia, junto con la participación y la colaboración, es uno de los pilares del Gobierno Abierto; entendiendo éste como una nueva forma de relación entre la Administración y la ciudadanía, las otras administraciones, las empresas y el resto de organizaciones de la sociedad. Se trata de establecer una comunicación bidireccional, transparente y permanente para que, ciudadanos y sociedad, puedan comunicarse de forma directa y cercana con los organismos públicos.
Algunas
ventajas
- Genera confianza
La información abierta que se proporciona al ciudadano sobre las acciones y gestiones que llevan a cabo las entidades públicas les otorga mayor legitimidad social y contribuye a crear un ambiente de confianza hacia éstas.
- Proporciona credibilidad
La transparencia es una de las mejores herramientas para aumentar la credibilidad de la administración pública por parte de los ciudadanos.
- Crea participación
Con una información clara y detallada, el ciudadano comprende mejor las actividades que realizan las administraciones públicas. Una sociedad bien informada tiene mayor capacidad de decisión, es una ciudadanía responsable que participa y colabora en la mejora del entorno social.
- Refuerza la democracia
El derecho de acceso de los ciudadanos a la información mediante la transparencia refuerza el ejercicio de la democracia al no limitar la participación ciudadana al proceso electoral. La transparencia abre nuevos cauces de colaboración, convirtiendo a los ciudadanos en auditores de las actividades que desarrollan las administraciones, pudiendo así cooperar en la toma de decisiones que les afectan.
transparenciasalamanca.es
Desde REGTSA nos hemos propuesto, a través de transparenciasalamanca.es, acercar la vida diaria de las administraciones públicas al ciudadano, incentivando su participación y conocimiento de éstas.
REGTSA crea los Portales de transparencia municipales de la provincia de Salamanca (www.transparenciasalamanca.es) con varios objetivos:
- Proporcionar nuevos servicios electrónicos a los municipios de la provincia de Salamanca.
- Acercar la administración al ciudadano, haciéndolas más transparentes y generando confianza en la ciudadanía.
- Cumplir con la Ley de transparencia.
El Portal de transparencia,
(como es el caso de transparenciasalamanca.es) es el punto de acceso, encuentro y difusión donde el ciudadano pueda obtener toda la información pública que se edite. En este portal se incluyen datos sobre información institucional, organizativa y de planificación, de relevancia jurídica y de naturaleza económica, presupuestaria y estadística; además de aquella cuyo acceso se solicite más frecuentemente.
Ley de Transparencia
Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno
Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno.
«La transparencia, el acceso a la información pública y las normas de buen gobierno deben ser los ejes fundamentales de toda acción política. Sólo cuando la acción de los responsables públicos se somete a escrutinio, cuando los ciudadanos pueden conocer cómo se toman las decisiones que les afectan, cómo se manejan los fondos públicos o bajo qué criterios actúan nuestras instituciones podremos hablar del inicio de un proceso en el que los poderes públicos comienzan a responder a una sociedad que es crítica, exigente y que demanda participación de los poderes públicos.
Los países con mayores niveles en materia de transparencia y normas de buen gobierno cuentan con instituciones más fuertes, que favorecen el crecimiento económico y el desarrollo social. En estos países, los ciudadanos pueden juzgar mejor y con más criterio la capacidad de sus responsables públicos y decidir en consecuencia. Permitiendo una mejor fiscalización de la actividad pública se contribuye a la necesaria regeneración democrática, se promueve la eficiencia y eficacia del Estado y se favorece el crecimiento económico.
La presente Ley tiene un triple alcance: incrementa y refuerza la transparencia en la actividad pública –que se articula a través de obligaciones de publicidad activa para todas las Administraciones y entidades públicas–, reconoce y garantiza el acceso a la información –regulado como un derecho de amplio ámbito subjetivo y objetivo– y establece las obligaciones de buen gobierno que deben cumplir los responsables públicos así como las consecuencias jurídicas derivadas de su incumplimiento –lo que se convierte en una exigencia de responsabilidad para todos los que desarrollan actividades de relevancia pública–.
En estas tres vertientes, la Ley supone un importante avance en la materia y establece unos estándares homologables al del resto de democracias consolidadas. En definitiva, constituye un paso fundamental y necesario que se verá acompañado en el futuro con el impulso y adhesión por parte del Estado tanto a iniciativas multilaterales en este ámbito como con la firma de los instrumentos internacionales ya existentes en esta materia».
objeto [art.1]
Esta Ley tiene por objeto ampliar y reforzar la transparencia de la actividad pública, regular y garantizar el derecho de acceso a la información relativa a aquella actividad y establecer las obligaciones de buen gobierno que deben cumplir los responsables públicos así como las consecuencias derivadas de su incumplimiento.